La Paz (Bolivia), 15 de julio de 2014. Los adultos mayores que están en las cárceles del departamento de La Paz con detención preventiva serán beneficiados con el arresto domiciliario. Ésta es una de las conclusiones a las que se llegó en una mesa interinstitucional de justicia penal realizada el pasado día 30 de junio.
«Se estableció que Defensa Pública es la instancia que debe solicitar la modificación a la detención preventiva para viabilizar la detención domiciliaria para los adultos mayores”, se lee en el acta de conclusiones.
Desde hace al menos dos años que los reclusos adultos mayores del penal de San Pedro exigían este beneficio, que se tome en cuenta su situación (edad, salud y retardación de justicia) para que ésta cambie y puedan estar detenidos en sus casas.
«Hace más de dos años peleamos por esto. Recién se llegó a unas conclusiones con otras autoridades en las que hay el beneficio para los detenidos preventivamente, pero nosotros queremos también para los que tienen sentencia. Hay gente por encima de los 80 años que está enferma, aquí no están dadas las condiciones para nosotros”, dice uno de los reclusos, de 68 años.
Sólo en el penal de San Pedro hay al menos 150 personas recluidas por encima de los 60 años de edad, de las cuales el 80% no tiene sentencia.
La representante departamental de la Defensoría del Pueblo, Teófila Guarachi, explica que después de varios encuentros, el 30 de junio se reunieron representantes de Tribunal Departamental de Justicia, del Ministerio Público, de Defensa Pública, de Régimen Penitenciario y del Ministerio de Justicia, entre otros, para tratar este asunto.
Como primer compromiso, Régimen Penitenciario debía elaborar listas actualizadas de las personas adultas mayores con detención preventiva. Este medio consultó a esta institución si se hicieron las listas, pero no se obtuvo respuesta.
«La retardación de justicia es uno de los principales problemas. Un caso que nos llamó la atención fue el de alguien detenido preventivamente hace ocho años, y tiene 82. El nivel de retardación es extremo”, añade Guarachi, quien explicó que una comisión compuesta por Régimen Penitenciario, Fiscalía y Tribunal Departamental de Justicia debe evaluar caso por caso los nombres que ya fueron proporcionados a dichas instancias para otorgar o negar la modificación de la detención preventiva a la domiciliaria.
Los parámetros para dicha evaluación se regirán a la normativa vigente
La evaluación se cumpliría hasta el 30 de julio, fecha de la próxima reunión de la mesa interinstitucional en la que se conocerán los avances que tuvo cada institución en sus tareas. En esto coincide el director distrital de Defensa Pública, Adrián Lobatón, quien dice que después de las vacaciones judiciales (18 de julio) se aplicará el acuerdo.
En el acta de conclusiones se aclara que para que un reo adulto mayor con detención preventiva acceda a la detención domiciliara no se le exigirá como requisito el tener trabajo, sólo un domicilio en el cual residir. Lo contrario ocurre en la cesación a la detención preventiva, donde además se pide demostrar una fuente laboral.
Fuente: Página Siete