Ya sólo falta la sanción del presidente de Colombia para la ley de adhesión a la Convención Interamericana

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este martes 28 de julio en cuarto debate, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015.  El proyecto de Ley pasará a sanción presidencial para convertirse en Ley de la República.

Con la adhesión de Colombia a la convención se contará con un instrumento jurídicamente vinculante que soporte la adecuación normativa de la legislación interna para superar los retos vigentes, en especial, en lo que se refiere a los sistemas de protección social y que dé fortaleza a las políticas públicas que sustenten y promuevan la atención pertinente a los adultos mayores.

La aprobación de la ley de adhesión tienen varias consecuencias legales y es fruto de un intenso trabajo de incidencia de las organizaciones de personas mayores, entre ellas, el Secretariado Nacional de Colombia de FIAPAM (Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores). Cuando la ley sea sancionada por Presidencia, los principios y derechos consignados en la Convención Interamericana serán parte del bloque constitucional y obligará, tal y como reconoce la Cámara de Representantes a adecuar todas las normativas internas referidas a las personas adultas mayores.

Sin embargo, y de forma inmediata, el mayor reto de las organizaciones de mayores es presionar para que se revisen todas las políticas públicas para personas adultas mayores en todos los niveles de la administración del Estado: local, departamental y nacional, así como incidir para que el futuro Consejo Nacional de Persona Adulta Mayor, cuyo decreto de creación está en consulta.

La situación en la que quedará un amplio número de personas mayores tras la crisis del Covid-19 obligará, además, para que la Convención pueda ser efectiva en sus derechos clave y evitar un retroceso de décadas en lo que se refiere a los derechos de las personas mayores. En ese sentido, la aprobación de la ley llega en un momento fundamental porque debería orientar la acción legislativa y ejecutiva en la gestión postCovid.

Esta semana, el lunes 27 en concreto, también se aprobó la Ley 2040 que dicta medidas de estímulo a la contratación de personas mayores que no reciben pensión. Si bien, la ley anima a empresas grandes (de más de 100 empleados) a la contratación de personas mayores con deducciones significativas en el impuesto sobre la renta y otros elementos de visibilidad, FIAPAM Colombia estima que la autonomía y el goce de derechos de las personas mayores no puede producirse a cambio de trabajar hasta la muerte y que toda iniciativa en este sentido debe estar acompañada de acciones definitivas para garantizar un sistema de protección social digno (recordemos que el subisidio a los mayores que no tienen pensión de jubilación es de 80,000 pesos al mes, unos 22 dólares; una cantidad que no llega ni al 10% del salario mínimo del país, que ronda los 880,000 pesos, unos 240 sólares).

Este es un ejemplo de cómo falta un largo trecho en Colombia para que las personas mayores sean consideradas sujetos de derechos y no como objetos de vierta caridad estatal.

 

 

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