«Los adultos mayores no somos una carga»

La Paz (Bolivia), 23 de junio de 2014. El ejecutivo de la Confederación de Jubilados Rentistas de Bolivia, Irineo Rivera, denunció que su sector es discriminado por el sistema financiero en el acceso al crédito, puesto que actualmente sólo un 10 % de sus afiliados accede a ese beneficio.

“Es mínimo el porcentaje que tenemos. De 100 personas sólo 10 adultos mayores deben estar accediendo a créditos, el reclamo es permanente”, señaló Rivera, quien añadió que próximamente solicitará una entrevista con el ministro de Economía para tratar el tema.

La Ley de Servicios Financieros en su artículo 74, referido a los Derechos del Consumidor Financiero, establece que el acceso a los servicios financieros debe ser con trato equitativo, sin discriminación por razones de edad, género, raza, religión o identidad cultural.

El senador David Sánchez, en anterior declaración, manifestó que la gente adulta mayor “no es sujeto de crédito” por un análisis de riesgo que hacen en la banca y entidades financieras, pero que tendrán que “revisar el análisis de riesgo” para no excluirlos.

“Los adultos mayores no somos una carga, seguimos generando ingresos”.  “El no jubilado no es que ha aportado, sigue aportando porque paga impuestos directos e indirectos, porque sigue produciendo hasta sus 80 años”, señaló el  representante de la Asociación del Consejo del Adulto Mayor de La Paz, Delfín Berdeja. El activista por los derechos de las personas mayores, y principalmente de aquellos que no tienen una renta de jubilación, lamentó que las autoridades de gobierno y la sociedad en general se refieran al adulto mayor como un sector improductivo y pasivo.

“Antes han producido permanentemente, y no estamos hablando de burocracia administrativa, sino que ahí tenemos a los mecánicos, los artesanos, albañiles, los mismos gremiales con la compra y venta, los ebanistas, los campesinos en gran cantidad, seguimos produciendo y el gobierno no puede decir que no producimos y que no pagamos impuestos, que somos una carga”, manifestó.

Los adultos mayores que trabajan por cuenta propia, y que no gozan de una renta de jubilación, representan el 80 % población mayor de 60 años. Por este motivo, el dirigente abogó por una jubilación universal que tenga como base el salario mínimo nacional.

Señaló que muchos de ellos no pudieron aportar para su jubilación porque antes sólo lo hacían quienes contaban con un trabajo asalariado, con todos los derechos de ley, que “hoy es escaso en el país”. Ante esta situación, dijo, tuvieron que optar por generar sus propias fuentes de ingreso.

Recientemente, el actual gobierno en la nueva Ley de Pensiones considera la posibilidad de que una persona sin empleador pueda aportar para su jubilación.

Los datos son reveladores cuando se trata de la situación social y laboral de las personas mayores de 60 años. Berdeja señaló que de los algo más de  905 mil  adultos mayores que viven en el país (de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda 2012) sólo el 15 %  (135.752) está jubilado, es decir, recibe una pensión de vejez. Del 85 % restante (769.261), que no tiene pensión, un 20 % (153.852) continúa trabajando hasta sus 80 años, porque no tiene quién le asista, un 20 % (153.852) está amparado por su familia, y el 60 % (461.557) de adultos mayores vive en extrema pobreza. “Ésta es una realidad que el gobierno no quiere entender”, lamentó el dirigente.

El representante refirió que si bien el actual gobierno hizo mucho más que otras administraciones por los adultos mayores, sobre todo en el marco normativo, la situación continúa precaria para la mayoría de los mayores.

La ley no se cumple

Los beneficios que les otorga la ley no se concretan por falta de conocimiento de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, o por simple desinterés de los mismos, señaló. Otro factor que se suma a esto es que los propios adultos mayores desconocen sus derechos, al igual que la sociedad, según señala HelpAge.

“La ley es muy bonita, pero en la realidad no tenemos nada, los beneficios de descuentos del 20 % en pasajes, consumo de luz, agua, en el transporte, no existen, y mucho menos en el área rural”, expresó Berdeja.

“Los jubilados por lo menos tienen una pensión fija mensual que les permite descansar. En cambio, el adulto mayor que no pudo aportar para una jubilación pasa los últimos años de su vida de la manera más triste y en abandono”, dijo.

Reconoció que si bien el dinero que reciben de la Renta Dignidad representa una ayuda en sus ingresos, “es mínima ante las diversas necesidades que tenemos”.

“¿Cómo es posible que no tengamos una sede del adulto mayor para cuando lleguen personas ancianas del interior, del área rural, no tienen dónde dormir ni a dónde ir?. ¿Cómo es posible que no tengamos unos comedores, a bajo precio, para que la gente pague el costo? Pero nadie se mueve, a nadie le interesa”, lamentó.

Sostuvo que la percepción que tiene el gobierno central, departamental y municipal es que los adultos mayores son inútiles y eso les ofende mucho. “Se les ha metido en la cabeza que somos inútiles, improductivos y que somos una carga, y nosotros les vamos a demostrar que no es así. A ellos les pagamos para que estén ahí, no nos dan limosna, es con nuestra plata que están ahí”, reiteró el dirigente.

La jubilación a los 60 años es un error

Berdeja indicó que la jubilación a partir de los 60 años “está matando” a las personas adultas mayores. “El hombre hasta sus 75 años tiene muchas capacidades. A excepción de los mineros, los demás no deberían jubilarse a los 60 años porque, definitivamente, están produciendo, y ese es el derecho que se les quita porque estamos matando a gente, se están muriendo porque no tienen nada que hacer, cuando el gobierno debería utilizar esa sapiencia”, indicó.

Según datos de la organización HelpAge, el 57% de las personas mayores que vive en las ciudades tienen un seguro de salud, y el 67% del área rural accede al seguro público de salud.

Entre otros datos, sólo un 20% cuenta con una renta de jubilación, el 60% de ancianos son jefes de hogar y un 68% de entre 60 y 64 años forma parte de la población económicamente activa.

Fuente: El Mundo

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